El canal de denuncias es obligatorio para organizaciones públicas y privadas. Desde el 1 de diciembre las empresas de entre 50 y 249 trabajadores deben cumplir con la Ley 2/2023 de protección del denunciante, que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 whistleblowing o canal de denuncias, y que hace obligatorio conceder a las personas que trabajen en el sector privado o público la posibilidad de informar de forma segura cualquier práctica irregular no ajustada a derecho de la que tengan conocimiento, asegurando la protección del alertador a sufrir cualquier represalia.
El procedimiento sancionador contempla multas económicas que oscilan entre los 1.001 y los 300.000 euros, en el caso de personas físicas; y entre los 100.000 al millón de euros, en el caso de las personas jurídicas.
La norma contempla un detallado régimen sancionador para las acciones u omisiones que limiten los derechos y garantías introducidos en esta ley, especialmente las orientadas a obstaculizar, impedir, frustrar o ralentizar las informaciones.
Pero más allá de las sanciones económicas estarían los costes reputaciones y penales, mucho más graves y que en la mayoría de las ocasiones conllevan cuantiosas pérdidas económicas. Los riesgos reputacionales que pueden derivarse de no investigar a tiempo una posible práctica irregular y que esta salga a la luz de manera negativa, afectan a la imagen percibida, a la confianza y al prestigio.
El no contar con un canal de denuncias se consideraría que tu plan de prevención de delitos no está eficazmente implantado y no se aplicaría la exención de responsabilidad penal de la entidad (art. 31bis 5 CP).
La reputación debe trabajarse desde dentro, cada día. Generar la cultura de informar sobre irregularidades exige un compromiso y un cambio cultural por lo que es especialmente importante empezar cuanto antes.
El canal de denuncias debía estar operativo en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. Esto fue el 13 de junio de 2023.
Las empresas con 249 trabajadores o menos y los municipios de menos de 10.000 habitantes deben tenerlo implantado como máximo el 1 de diciembre de 2023.
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